Un país se desarrolla no solo por la inversión extranjera, sino también por el nivel de cultura financiera de sus habitantes. En este sentido, el nivel de bancarización de la población toma vital importancia en Ecuador, donde la utilización del efectivo es cara y el gobierno tiene como objetivo incentivar el uso de canales electrónicos financieros para el comercio, lo cual puede ser alcanzado con mayor participación de los ciudadanos a productos, servicios y canales financieros.
Cuando hablamos de inclusión financiera no solo nos referimos al acceso, uso y educación que tiene el público sobre los diferentes servicios y productos financieros, sino también al compromiso de todas las partes de incorporar a quienes se encuentran excluidos. Al hablar de todas las partes me refiero a instituciones financieras, cooperativas, gobierno y, sobre todo, a la población con el ánimo de aprender y confiar en las instituciones.
Por ejemplo, en México (referente en innovación para promover el acceso al sistema financiero), el gobierno tomó muy en serio esta problemática y creó el CONAIF (Consejo Nacional de Inclusión Financiera), cuyo objetivo principal es definir e implementar una política de inclusión, modificando normativas para fortalecer a entidades de ahorro y crédito popular, creación de productos y servicios como cuenta de ahorros básica, banca móvil y corresponsales bancarios. También cuentan con financiamiento especializado para los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero.
Otros países como Chile impulsaron la oferta de cuentas bancarias simplificadas; Perú está creando una plataforma única, en la cual el sector bancario y otros actores interactúan entre sí; Colombia ha unido algunos actores del sector público para promover y facilitar los pagos digitales, creando entidades especializadas en estas transacciones electrónicas.
Ecuador debe trabajar en el diseño de productos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, tomando en consideración plazos, montos, tasas de interés, cobertura de garantía, requisitos, periodo de gracia, etc. Hay que incentivar a la población a utilizar canales financieros que sean más cómodos y sostenibles en el tiempo. Como ejemplo tenemos el lanzamiento de la “billetera electrónica”, la cual fue manejada en su totalidad por el Banco Central, pero no tuvo la aceptación esperada, logrando abrir aproximadamente 410.000 cuentas con un nivel de transaccionalidad muy bajo.
La Superintendencia de Bancos, durante aproximadamente 7 años, ha trabajado arduamente en su programa de “Educación Financiera”, impartida no solo por su equipo, sino también por todas las instituciones financieras privadas, capacitando a niños, jóvenes y adultos, a nivel nacional, sobre los derechos de los usuarios financieros, a fin de que puedan exigir un servicio de calidad.
De acuerdo a información del Banco Central “en el año 2020, 8,5 millones de adultos se encuentran incluidos en el sistema financiero nacional. De esta cifra, 4,4 millones son hombres y 4,1 millones son mujeres. Así mismo, 72% de ciudadanos mantienen cuentas de ahorros, el 4% cuentas corrientes, un 4% tiene depósitos a plazo y un 28% posee algún crédito”
Esto demuestra que si bien es cierto la brecha del no uso de productos financieros va disminuyendo, aún queda mucho por hacer.. Se debe trabajar en conjunto tanto a nivel académico, público y privado estableciendo políticas claras de acceso a los servicios financieros a toda la población, disminuyendo paulatinamente el uso de dinero en efectivo, el cual tiene un alto costo para el Ecuador. Las escuelas y colegios deben enseñar a los jóvenes el uso adecuado del dinero y las ventajas de bancarizar, para evitar caer en la informalidad financiera que puede traer consecuencias perjudiciales para el país.
Máster Héctor Delgado
Docente de Maestrías Online
