Hace algunos días, leía el artículo de opinión y de crítica constructiva profunda del profesor Pablo Alarcón Peña, Director de la Escuela de Postgrado en Derecho de la UEES, relacionado a la Cultura de la Legalidad, como el antídoto para tratar la metástasis de corrupción que enfrenta el Ecuador, y me resultaba inevitable el poder proponer algunas ideas y reflexiones entorno a uno de los enfoques propuestos por el Doctor Alarcón Peña, esto es, la ética en la administración pública.
El referido texto constituye un importante aporte a la academia y en general, a la sociedad, nos permite ir más allá del reconocimiento del problema y explorar algunas iniciativas con visiones diferenciadoras que coadyuven a la promoción y difusión de ese “antídoto”, partiendo por generar un examen interno de conciencia, y observar escenarios donde podamos fomentar valores cívicos, ética y todas aquellas normas deontológicas que permitan fundar más confianza entre unos y otros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2019, en su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos: estándares interamericanos, establecía que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”, por ello, uno de los escenarios que llaman poderosamente la atención, está ligado a la incidencia que puede tener la cultura de la legalidad en los servidores públicos, mediante la adecuación de principios como la transparencia, honestidad, solidaridad, integridad y responsabilidad, en el ejercicio de sus funciones.
Pese a que los últimos episodios de la política nacional nos han demostrado que el marco jurídico ha resultado permeable, es preciso partir por los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador, que definen a la administración pública como el servicio a la colectividad, provee la noción de administración en función de valores como la transparencia y calidad, aunado al rol que cumplen para hacer efectivo el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales.
En esa línea, el Código Orgánico Administrativo, ha establecido algunos principios que alimentan la visión de ética pública, por ejemplo los artículos 17 y 21; el primero establece que se presume que todos los servidores públicos y los ciudadanos, mantienen una conducta adecuada en su relación (sujeto activo y sujeto pasivo), entendiendo el término adecuado, como símil de rectitud y honestidad que se deben mutuamente.
Bajo ese contexto, el artículo 21 enfatiza que en ese relacionamiento Estado – Ciudadano, debe mantenerse una conducta de lealtad, promoviendo el servicio, la probidad, la honradez, la integridad y buena fe, generando confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, “en el marco de los más altos estándares profesionales”, es decir, todos valores deontológicos insertos en una norma jurídica que, más allá que se sobreentiende como de aplicación obvia por el respeto y el imperio de la Cultura de la Legalidad, hay un mandamiento normativo que invita a transformar el servicio público y a la sociedad.
Por si esto no fuera suficiente, en el escenario internacional podríamos remitirnos a algunos instrumentos que en cierta medida aportan a estos mismos fines, entre ellos, por ejemplo: la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública y la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
La finalidad de estas líneas no recae en resumir estas Cartas, sin embargo, es vital resaltar su fundamento y que puedan ser objeto de análisis, para generar una mayor atención en su utilidad práctica.
La Carta relacionada a la Gestión Pública tiende a promover la calidad y excelencia en la Gestión Pública, orientada a la formulación de modelos y mecanismos que incentiven la satisfacción de las necesidades más básicas de los ciudadanos y encontrar en la calidad de la gestión pública, una cultura verdaderamente transformadora, cuya máxima expresión sea proyectar en la ciudadanía, certeza, confianza, equidad, pero sobretodo, justicia. La construcción de un modelo de Estado de real bienestar, frente a la debacle y la crisis, no solo económica, sino social; de fortalecimiento e institucionalidad de los Estados y de mejoras contínuas que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas y del servicio público.
El segundo documento, tiene como parte sustancial reconocer al ciudadano como el principio y el fin de la relación jurídico – administrativa, definiendo un cúmulo de derechos fundamentales pero principalmente, la derivación hacia la buena administración pública, que obliga a todo ente público a tratar a las personas con sentido de equidad, justicia, objetividad, imparcialidad y todo ello, en función de la dignidad humana. Busca que las administraciones públicas contribuyan positivamente a la noción de ciudadano basado en la dignidad humana, contrario a la desgastada noción de ciudadano súbdito del Estado (obligaciones positivas y negativas).
En un Estado de Derecho, resulta primordial el derecho a la buena administración pública, que no solamente recaiga en el cumplimiento estricto de una norma jurídica, si no también de ciertas normas deontológicas, que aunque técnicamente no exista un mecanismo para forzar su observancia, al mismo tiempo, sea nuestro fuero interno el que lo haga exigible. Esto es propio de la tan anhelada Cultura de la Legalidad, donde podamos superar el menosprecio a las instituciones, a las autoridades e incluso hacia nuestro derecho.
Finalmente, el tercer instrumento referido, esto es, la Carta Iberoamericana de Ética de la Función Pública, del año 2018, desde su preámbulo invita a pensar cómo a partir del reconocimiento del cáncer de la corrupción y sus efectos, podemos desarrollar mejores y verdaderas administraciones públicas.
La exposición de motivos del documento se conecta con los impactos devastadores que propicia la degradación de los gobiernos, en el ejercicio de la administración pública, promoviendo barreras y/o limitaciones innecesarias e injustificables al ciudadano para el goce del derecho fundamental a la buena administración pública.
Este texto propone una práctica en los servidores públicos, que tenga como eje principal de acción, crear empatía y transparencia con el ciudadano frente a sus necesidades y soluciones a sus problemas; es producto de la convicción y el alto compromiso de orientar el ejercicio de la administración con fundamento en los principios y valores intrínsecos al ser humano.
Entonces, los cuestionamientos al redactar estos pocos párrafos son ¿Qué nos hace falta? ¿Más normas jurídicas que exijan el cumplimiento de deberes formales? ¿Códigos Deontológicos con exigencias de su cumplimiento en normas jurídicas? o ¿Acaso es necesario un mayor examen de conciencia para profundizar el entendimiento del problema y proponer soluciones que abonen a la expansión de la cultura de la legalidad en todo nivel?
Para responder estas interrogantes, es preciso recalcar que la desviación de los recursos públicos, las malas prácticas como sobornos y otros actos que tienden a corromper el sistema, tienen un impacto directo en el acceso a servicios públicos como la educación, salud y vivienda, afectando al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Esto contribuye al debilitamiento de las instituciones y la pérdida de la confianza legítima de la sociedad en ellas.
Se ha normalizado lo malo, lo incorrecto, las acciones inadecuadas que permean el sistema, y es justamente necesario llamar la atención (positivamente hablando) del rol que se ejerce desde la sociedad civil, las Instituciones de Educación Superior (IES), los Colegios o Gremios de Profesionales en general pero especialmente de abogados, y cuestionar a dónde se destinan sus esfuerzos, qué programas se están creando para materializar esa formación cívica y en valores.
Las IES deben crear espacios de diálogo y debate profundo, incluir asignaturas vinculadas a la gestión y ética pública; pensar en una asignatura autónoma como la Cultura de la Legalidad, que se sustente en aspectos deontológicos y de liderazgo, que aporten no solo al desarrollo profesional, sino también el personal.
Debemos aunar esfuerzos para crear escuelas de formación para funcionarios públicos, capacitación continua y permanente de actualización normativa, pero sobre todo en gestión pública y de utilización de recursos públicos, que contribuya a la mejora del desempeño laboral y como consecuencia, profundizar en la educación con enfoque de ética.
Todos, desde las posiciones en las que nos encontramos, tenemos el deber moral de avanzar y caminar hacia la Cultura de la Legalidad, de lo contrario viviremos sobre el problema estructural que aqueja a la sociedad y que no se diluirá sino a través de cambios progresivos y actitudes propositivas, no solo desde las decisiones en las más altas esferas de los gobiernos, sino también desde prácticas tan básicas y cotidianas como la ética en la administración pública.
Coordinador Académico de nuestras Maestrías modalidad online.
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Experiencia Laboral (cargos de mayor relevancia):
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La Universidad Espíritu Santo (UEES), inicia sus actividades académicas en el año 1994 como institución privada, autofinanciada y sin fines de lucro. Su espíritu de compromiso y constante innovación están presentes en la calidad del servicio que ofrece a su comunidad.
Que gran aporte, con un llamado a la conciencia de los servidores públicos. Es realmente decepcionante llegar a una institución del estado y toparse con la pésima atención, indiferencia y apatía de los funcionarios.
Sin duda fortalecer la cultura de la legalidad en la administracion pública permitirá a los servidores públicos desarrollar habilidades en la solución de problemas, estableciendo como deber principal actuar de acuerdo al estado de Derecho.
Finalmente, la cultura de la legalidad existe cuando todos los individuos de la sociedad apoyamos el estado de Derecho y nos sometemos al cumplimiento de las normas, principios y reglas que regulan a nuestra sociedad. El cambio empieza por cada uno de nosotros, fomentar la cultura de la legalidad es el mayor deber que tenemos como ciudadanos en este momento.
La ética en la administración pública.
Un tema de gran relevancia y debate, más aún en estos tiempos donde hemos podido palpar de cerca la situación real de la corrupción en el sistema de Justicia. Es imprescindible recordar lo que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227, que permite entender que la administración pública, es la encargada de velar el correcto funcionamiento de la justicia, y sobre todo a quienes imparten y administran como funcionarios públicos, que como su nombre bien lo indica, son aquellos que están designados a precautelar y servir a la ciudadanía, al estado.
Qué importante es para los profesionales que ejercen la administración pública lograr poner en práctica aquello, el servir a un estado y no a un nombre propio, logrando también impartir una participación colaborativa entre el funcionario que ejerce el cargo público y el ciudadano, prevaleciendo sobre todo la transparencia de los procesos administrativos de Justicia, aunque lamentablemente en la actualidad hemos podido palpar muy de cerca la negligencia y carencia de Justicia en nuestro país, y cómo esto ha afectado socialmente a nuestra población, pero que importante es la existencia y apertura de estos temas de debate, no solo para reflexionar sobre estos temas, si no para recordarnos la importancia que tiene el prevalecer nuestros principios y valores, sobre todo la ética, a la hora de ejercer cualquier actividad laboral, pero más aún, ser conscientes de la responsabilidad que conlleva poder formar parte de una función administrativa pública.
Es ahí donde comparto el pensamiento del activista Nelson Mandela, que siempre priorizó y enfatizó a la educación como el arma más poderosa para cambiar el mundo y porque no, un sistema que por años ha venido operando de manera ilegal, estoy totalmente de acuerdo que una educación con bases sólidas, genera grandes profesionales responsables, entender que el ejercer un cargo público no es enriquecerse a nombre propio, no es adquirir poder monetario, únicamente es estar prestos al servicio de una población.
Hoy la justicia ha dado ha dado grandes pasos, aunque aún existe mucho por trabajar, estamos logrando cambios significativos que dejan antecedentes en nuestro país, como el romper las esferas de la corrupción. Que se sumen más los profesionales gustosos de servir a un país sin buscar el interés propio de manera ilegal e ilegítima, curemos juntos las grietas de un estado fallido, no permitamos la existencia de la corrupción, no nos volvamos cómplices del sistema, no es tarea fácil ni será un cambio de la noche a la mañana, hacer realmente una purga de la contaminación que existe dentro de las esferas de administración pública es un trabajo que va a conllevar tiempo, pero que la educación sea nuestra mejor arma, y que con el ejemplo se nos permita crear una cultura de ciudadanos más conscientes.
La ética profesional es importante en todo tipo de trabajo, pero para los abogados es esencial.
Estimado Dr. excelente contribución y análisis de su opinión respecto a la ética en la administracón pública, al respecto es importante indicar que este tema es de gran relevancia en la lucha contra la corrupción y el fotalecimiento de la gestión pública, en este sentido se ha evidenciado que la corrupción es un problema significativo en la administración pública se ha convertido en un cáncer que se afecta a la administración pública, evidenciándose con ello el abuso del poder y el tráfico de influencias, convirtiendo a la administración en un medio para lograr objetivos personales, efectos de la corrupción que son perjudiciales para el desarrollo del país.
En este sentido es imperante destacar que la lucha contra este mal, es la corrupción y con ello la falta de ética en la administración pública, lo que es un desafío constate en nuestro país, por lo que se ha implementado medidas para combatir este problema con la creación de leyes y organismos de control, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, sin embargo hay mucho por hacer para erradicar de raiz la corrupción en la administración pública.
Finalmente la participación activa d ela ciudadanía en la vigilancia y control de la administración pública es fundamental, como mecanismo de de monitoreo ciudadano lo que contribuiría a prevenir y a combatir este problema.
Estimado Dr, excelente aporte sobre la situación actual que vive el País en la Administración Pública “caso metástasis”.
Yo creo que no se debe implementar más leyes para un buena administración publica, por que las que tenemos son claras, el problema es que no la aplican los encargados que tienen que hacerlo, pues ellos anteponen sus intereses propios antes que lo de la sociedad, es un problema más de la persona por la falta de ética, honestidad etc.
Creo y pienso, que se debe estar en constate capacitación a los funcionarios públicos, que todos ellos están para servir y no ser servidos, que la Administración Publica es un servicio de calidad, oportunidad, celeridad y equidad para los usuarios. Recalcando que para que exista una buena Administración Pública, se necesita más intervención del Estado en el sentido de dar seguridad y protección a los funcionarios públicos, pues es de conocimiento que las bandas organizadas delictivas, amenazan con matar y secuestrar a administradores públicos, y antes esta situación de amenaza, aquellos que son honestos y que tienen ética, hoy ya no están entre nosotros, sus vidas fueron calladas por delincuentes.
En fin, muy buen análisis de su parte mi estimado Dr. Un abrazo.
El articulo del Dr. Pablo Alarcón sobre “Ética en la Administración Pública: un componente de la Cultura de la Legalidad” revela una preocupación genuina por el estado de la administración pública en Ecuador y la lucha contra la corrupción. Es importante reconocer la importancia de promover la cultura de la legalidad y la ética como un paso fundamental hacia un sistema más justo y transparente. Además, un reconocimiento por tan profunda ilustración del Dr. Pablo Alarcón Peña, cuyas ideas y reflexiones sirven como punto de partida para la discusión en este foro.
Se destaca la necesidad de ir más allá del mero reconocimiento del problema y de proponer acciones concretas para abordarlo, conociendo la importancia de fortalecer la formación ética en las instituciones educativas y de proporcionar capacitación continua a nosotros los funcionarios públicos. Esta propuesta integral involucra a toda la sociedad en la construcción de una cultura de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
Personalmente como funcionario y como estudiante, encuentro que estas reflexiones son sumamente pertinentes en el contexto actual de Ecuador y de muchos otros países que enfrentan desafíos similares en cuanto a la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. Es alentador ver cómo se plantean soluciones prácticas y concretas que podrían contribuir a mejorar la situación. Sin duda, la promoción de valores éticos y el fortalecimiento de la legalidad en todos los niveles de la sociedad son pasos indispensables hacia un futuro más justo y equitativo.
El tema de la etica en la administración publica en el ambito de una cultura de legalidad, muy interesante y en algun punto se llega hacer ese examen de conciencia interno de que no se debe actuar de manera inmoral dentro de los recursos economicos de las administraciones, eso nos queda claro, pero esto es lo una eutopia el querer implementar esta cultura de legalidad en la administracion publica, porque sabemos que el estado tiene mucho dinero, tiene muchos recursos y peor aun cuando ingresan personas a las administraciones solo con el fin de robar y ver las maneras de como robar y hacer obras con sobreprecio, y es triste porque estos funcionarios entran a ganar un buen sueldo pero es tan la codisia y el despilfarro que no les avanza, he aqui un gran problema con los sueldos de los funcinarios no es equitativo, hay funcionarios con sueldos minimos y siendo responsables de todo una unidad sobrecargado de trabajo.
Entonces le ven a las administraciones publicas como un buen negociado empezando desde los sueldasos y el poder que les dan, en fin una trama de corrupcion tremenda, mas aun cuando este funcionario no tiene esa conciena y labor de servir a la administración publica, y si se podra seguir haciendo estas reflexiones sobre la etica una cultura de la legalidad, pero no se podra cambiar esta triste historia de la corrupcion porque ya son esctructuras consolidadas en todas las entidades del estado.
Las buenas personas con una verdadera etica seguiran haciendo y trabajando para lograr una buena administracion, en cuanto a la legalidad es el mismo estado, quien debe crear politicas para poner limite a esta corrupcion y poder dentro de las instituciones del estado.
Mientras tanto los buenos ciudadanos somos mas y seguiremos trabajando con una cultura de legalidad.
Los lucrativos mercados de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas refuerzan aún más las arcas de las pandillas, proporcionando a los grupos criminales los medios para sobornar a funcionarios y, en ocasiones, incluso atraerlos a su red. Buscando lucrarse de manera personal sin importarle lo que pueda suceder a futuro y dejando de lado sus funciones como servidor público.
La corrupción política se manifiesta cuando los políticos, por el deseo de codicia, se aseguran una fortuna privada, desvían fondos de las arcas públicas, extorsionan a individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, compran votos en las elecciones o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o campañas políticas que califican de anónimos para ocultar su procedencia, las más de las veces reprochable aunque sabiendo que procede de grupos acaudalados con intereses especiales a cambio de favores.
Mientras las medidas de seguridad se enfocan en atacar a las pandillas de Ecuador en las calles, los casos recientes demuestran que la corrupción gubernamental de alto nivel también se ha convertido en un enorme obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.
Además, jueces corruptos presuntamente retrasaron los casos de lavado de dinero contra los hermanos de Norero tras recibir sobornos, mientras que policías y fiscales en la nómina de Norero le pasaban información sobre las medidas represivas de las fuerzas de seguridad tanto dentro como fuera de la prisión.
Pero incluso con estas medidas, la corrupción gubernamental en Ecuador sigue siendo un obstáculo formidable para revertir los avances de los grupos criminales. Por Ecuador circulan cantidades récord de cocaína, e InSight Crime calcula que solo la cocaína colombiana que entra en el país puede tener un valor de casi mil millones de dólares para los grupos criminales que ayudan a almacenarla y transportarla por el país.
Ofrece una reflexión profunda y necesaria sobre la corrupción en Ecuador y la importancia de la ética en la administración pública como medio para combatirla. La propuesta de establecer una cultura de legalidad no solo es pertinente, sino crucial, dado el contexto de desconfianza generalizada hacia las instituciones. La interconexión entre la corrupción y la violación de derechos humanos resuena especialmente, destacando que la corrupción no solo es un fenómeno legal, sino un atentado contra la dignidad humana y la equidad social.