Como es usual frente a los grandes retos del Ecuador, el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo y la Escuela de Gobierno de la UEES, a través de su Think Tank, convocó a un destacado grupo de expertos, líderes políticos, juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre el futuro constitucional del país. La discusión giró en torno a dos preguntas centrales: ¿Es necesaria una reforma constitucional? y ¿Para ello es necesario una Asamblea Constituyente en el Ecuador?
Los participantes coincidieron en forma unánime que la Constitución tiene desde su mismo origen graves problemas como la existencia de cinco poderes del Estado; una Corte Constitucional con poderes ilimitados y sin ningún mecanismo de control; un Consejo de Participación Ciudadana que ha demostrado su inefectividad y su capacidad para generar grandes controversias en el país; una existencia de ideología económica contraria y hostil hacia la inversión privada y una desconexión entre los principios que emanan de la parte dogmática y, la estructura del Estado que deriva de la parte orgánica; entre otras.
La mayoría también señaló que, como ha sido lamentablemente la costumbre en la historia constitucional del Ecuador, su origen estuvo marcado por una coyuntura política específica, lo que ha derivado en una arquitectura institucional rígida y poco funcional.
Se mencionó que la actual Carta Magna fue diseñada casi como un plan de gobierno de una ideología, más que un conjunto de principios con visión de largo plazo para representar los reales valores y aspiraciones del pueblo ecuatoriano, que es aquello que una constitución finalmente debe representar y debe buscar.
Durante la vigencia de esta la vigésima Constitución ecuatoriana no se ha consolidado un sistema político de partidos sólido, no ha existido un sistema de pesos y contrapesos equilibrado ni se ha dado una representación ciudadana efectiva.
Mientras que la discusión produjo un acuerdo sobre la necesidad de cambio, quedó en claro la diversidad de opiniones respecto al camino y a la forma de lograr ese cambio constitucional. Respecto a la diversidad de criterios sobre el camino a seguir se presentaron tres mecanismos para llevar adelante los cambios:
- Reformas y enmiendas constitucionales: Algunos participantes defendieron que existen mecanismos suficientes en el marco actual para llevar a cabo cambios importantes sin convocar a una Asamblea Constituyente, a través de enmiendas o reformas parciales, según los artículos 441 y 442 de la Constitución.
Esta vía exige de una iniciativa presidencial y luego sea una aprobación popular en referéndum o apoyo legislativo, según el caso, con lo cual se puede modificar aspectos claves como las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la flexibilidad en la contratación laboral por horas o reformas para permitir mayor inversión privada en sectores estratégicos, entre otros.
Consideran que este mecanismo es más rápido y menos riesgoso políticamente, evitando repetir experiencias fallidas como la de Chile en 2022.
- Asamblea Constituyente con previo dictamen de la Corte Constitucional: Otra corriente planteó que las reformas por enmiendas son insuficientes para corregir los defectos estructurales del sistema actual, y que solo una Asamblea Constituyente permitiría un rediseño institucional coherente y a largo plazo. Esta visión se fundamenta en:
- La desconexión entre la parte dogmática (derechos) y la parte orgánica (funcionamiento institucional) de la actual Constitución.
- El exceso de normas que otorgan derechos sin establecer responsabilidades claras, debilitando la cultura cívica y el cumplimiento de deberes.
- La necesidad de un nuevo pacto político que redefina el modelo económico, el rol del Estado, y garantice la gobernabilidad en un entorno de fragmentación política, así como aborde integralmente medidas de seguridad ciudadana contra el crimen organizado.
- La pérdida de confianza en instituciones como la Corte Constitucional, vista por algunos como un obstáculo para reformas sustantivas dentro del marco actual.
- El riesgo de que, al votar por enmiendas o reformas, unas sean aprobadas y otras no, como ha ocurrido antes, lo que generaría un cambio constitucional poco coherente y eficaz.
- Asamblea Constituyente en forma directa: una tercera posición sostiene que el pueblo ecuatoriano, como soberano y titular del poder constituyente, debe tener la capacidad de decidir sin restricciones sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Esta posición se apoya en una interpretación más abierta del Artículo 444 de la Constitución planteando que:
- La voluntad popular debe prevalecer sobre la interpretación restrictiva de la Corte Constitucional.
- El pueblo no solo puede autorizar una Asamblea Constituyente, sino también establecer cómo deben ser elegidos sus representantes.
Según esta tesis, se podría ir a una Asamblea Constituyente más allá de que exista o no autorización de la Corte Constitucional.
Los expertos coinciden que son necesarias las siguientes reformas:
- Estructura del Estado
- Fortalecer el control institucional y el rol del poder legislativo para mejorar la gobernabilidad.
- Corregir vacíos constitucionales que generan ambigüedades en la aplicación de normas y políticas públicas.
- Retomar y fortalecer la división de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, garantizando su independencia y equilibrio.
- Modelo Económico
- Redefinir el modelo económico para hacerlo más flexible, competitivo y abierto a la inversión.
- Permitir mayor participación privada en los sectores estratégicos.
- Flexibilidad laboral
- Reformas que permitan contrataciones más flexibles, ajustadas a la realidad del mundo actual.
- Sistema de control y justicia constitucional
- Redefinir las funciones de la Corte Constitucional.
- Reformar o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
- Sistema político
- Superar la fragmentación mediante una reforma del sistema de partidos.
- Derechos y garantías
- Garantizar derechos fundamentales sin interpretaciones ideológicas.
- Actualizar enfoques en derechos para grupos prioritarios.
- Seguridad
- Incorporar reformas que fortalezcan la seguridad ciudadana como eje constitucional.
Existe consenso sobre la necesidad de realizar cambios en la Constitución del Ecuador y sobre cuáles son esos cambios sustanciales; no obstante, persiste un amplio debate sobre cuál debe ser el camino a seguir.
