La necesidad de una buena legislatura para una Cultura de la Legalidad

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He podido leer con atención, además de escuchar algunas entrevistas, al profesor Pablo Alarcón Peña, Director de la Escuela de Postgrado en Derecho de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), respecto de la Cultura de la Legalidad. Una campaña, por decirlo de alguna manera, que él ha emprendido para que, desde el civismo y la academia, diversos actores puedan sumarse a la recuperación de la ética en la administración pública.

Así, creo que es necesario que desde nuestras diferentes ubicaciones y ocupaciones generemos debate respecto de los puntos que afectan hoy a la administración pública y, para esta ocasión, el nudo crítico que propongo es el de la legislación. Un nudo que no necesariamente se encierra a la Asamblea Nacional, pero sí principalmente en ella, pues es a partir de esa función del Estado que los ciudadanos recibimos las leyes que van a ser de aplicación diaria y obligatoria en distintos aspectos de nuestras vidas.

Por lo tanto, la primera cuestión que debemos criticar no es, en realidad, la composición numérica de la Asamblea Nacional, pues el problema no radica en cuántos son, sino en quiénes son. Y, muy lejos de querer parecer esto una propuesta de «elitización» de la legislatura, sí es necesario que el debate se centre en el tipo de persona que con nuestro voto hacemos llegar al parlamento nacional. En las últimas semanas hemos podido ver cómo exasambleístas ‒a quienes se les respeta su presunción de inocencia‒ se han visto envueltos en cuestionamientos por sus ‒aparentes‒ problemáticas relaciones sociales y sus ‒tal vez‒ peculiares estilos de vida, lo que nos debe hacer reflexionar sobre la calidad de candidatos que las organizaciones políticas postulan y que, como electores, nos ofrecen para darles nuestro voto.

Debo, entonces, reconocer un primer paso que ha permitido la Corte Constitucional al emitir el dictamen 2-22-RC/23, con el que la Asamblea Nacional se encuentra tramitando el proyecto de enmienda constitucional de iniciativa de la asambleísta Sofía Sánchez. En él, se propone que todo aquel que quiera postular para asambleísta deberá acreditar, en primer lugar y obligatoriamente, probidad notoria, pero, además, también deberá acreditar alguna de las siguientes opciones: (i) experiencia, (ii) capacitación o (iii) formación, evidentemente, en temas que sean propios de la actividad parlamentaria. Es así que, esta es una propuesta que debería tener el respaldo de todos los ciudadanos, pues propende a elevar el nivel del parlamentario ecuatoriano; y, si bien, tampoco es la solución a los problemas que inevitablemente surgen de las relaciones políticas, sí coadyuvará a que el ciudadano pueda tener un ejercicio más crítico de la persona que se encuentra como candidata.

Elevar el nivel de la calidad de asambleístas, puede conllevar a elevar el nivel de los productos legislativos. Reitero, no es esto una campaña de «elitización» del parlamento, pues no tiene como fin proponer que todos los legisladores sean abogados, politólogos o estudiosos de las Ciencias Sociales; tampoco tiene como fin desconocer la naturaleza eminentemente política de la actividad parlamentaria. Tiene como fin último propender a que la legislatura, con un mejor nivel, cumplan y hagan cumplir la máxima del artículo 84 de la Constitución, esto es, legislar adecuando formal y materialmente el contenido de las leyes a la Constitución, observando lo que establece el artículo 424 del texto constitucional, esto es, que las leyes deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

Uno de los principales problemas que existe en la legislatura, es que sus miembros en diversas ocasiones proceden con actuaciones legislativas que desdicen de su buena formación o preparación para el cargo que ostentan, quizás motivados únicamente por la obediencia y disciplina partidista, quizás por motivaciones que solo en los pasillos del parlamento se conocen. De esa manera, se dan aprobaciones de textos legales que son abiertamente inconstitucionales y que, muchas veces, no son observados en el veto presidencial. También hemos visto mociones de figuras no contempladas en la ley y mucho menos en la Constitución, como «la negación y archivo de la objeción parcial» que se presentó en la sesión 899 de la Asamblea Nacional a propósito de la «Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica» que dio como resultado, entre otras cosas, el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA). O también de un ejercicio deformado y abusivo del control político a entidades que claramente no están obligadas a acudir a las comparecencias de la Asamblea Nacional, tales como: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobiernos Autónomos Descentralizados o empresas públicas.

Con actuaciones como las descritas no se obtiene más que una antipatía hacia la Asamblea Nacional por parte de la ciudadanía, pues es lógico preguntarse ‒desde afuera‒ «¿qué leyes nos esperan, con la calidad de asambleístas que tenemos?». Claramente, el sistema político actual que, bajo un deformado derecho de participación, permite que, sin ‒prácticamente‒ ninguna restricción, cualquiera (en un sentido no despectivo de la palabra) sea candidato, lacera la frágil institucionalidad ecuatoriana y no aporta a la recuperación de la ética en la administración pública. Una buena legislación siempre va a ser producto de una buena legislatura, sin embargo, si los legisladores que llegan a ocupar a una curul lo hacen simplemente por una cuestión de ego, de obediencia partidista o de un líder de alguna organización política, y no por un sentido cívico de colaborar para tratar de hacer país, es que simplemente no hay garantías para reconstruir el tejido ético del Estado.

Esta es una necesaria crítica que no puede quedarse únicamente en el Parlamento, ya que también es verdad que una reforma política electoral integral no debería limitarse solamente a endurecer los parámetros o requisitos para terciar como candidato a la Asamblea Nacional, sino que debe también pasar por una reforma al sistema de organizaciones políticas, las cuales han endurecido su conversión a no ser más que una junta de designación de candidaturas acorde al favoritismo del líder de la organización y de sus capacidades económicas para financiar la campaña de él mismo y del partido o movimiento político. Hoy, desde las reformas de 2020 al Código de la Democracia, los ecuatorianos nos vemos obligados a votar por listas conformadas por personas que no conocemos y que simplemente son favorecidas por un sistema de arrastre, lo cual mella en el escrutinio adecuado que debemos tener sobre aquellos que pretenden nuestro voto. Las consecuencias de estas falencias del sistema, son conocidas y las vemos a diario en las noticias o en los trinos burlescos que hacemos los usuarios de las distintas redes sociales.

Si el Ecuador no reflexiona sobre la necesidad de reconfigurar la composición cualitativa del Parlamento Nacional y del mecanismo de elección de sus representantes, será en vano toda campaña o promoción que se haga para reconstituir la administración pública desde un enfoque de ética y legalidad.

Como ciudadanos debemos unirnos, sin importar el sector al que pertenezcamos, para coadyuvar a la reconstrucción del tejido ético que hoy ha sido destruido no solo por los malos políticos, sino también por mafias de toda connotación. Las universidades, la academia, el sector privado y el público deben confluir para poder ser ese antídoto a la metástasis de corrupción que enfrenta el Ecuador.

Abg. Néstor Toro-Hinostroza, Mgtr.

  • Abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – 2019

  • Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Tecnológica Ecotec – 2022

  • Maestrando en Derecho Administrativo con mención en Contratación Pública por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo – 2024

  • Cursante de la Especialización en Garantías Jurisdiccionales y Reparación Integral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) – 2024

  • Diploma Superior en Teoría de la Argumentación Jurídica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Universidad de Génova – 2022

  • Diploma Superior en Administración Pública por la Education Quality Accreditation Commission de Canadá – 2022

  • Abogado en el libre ejercicio y consultor dedicado a temas empresariales, políticos y constitucionales

  • Exasesor parlamentario en la Asamblea Nacional del Ecuador

  • Actualmente asesor del Contralor General del Estado y docente Universitario en la Universidad Internacional SEK (UISEK)

  • Autor del libro: «Desarrollo Constitucional del Derecho Parlamentario Ecuatoriano», primera edición diciembre 2023

  • Miembro de la Red de Expertos Parlamentarios del Ecuador por la Fundación Haciendo Ecuador

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