Un reciente estudio de la UEES, publicado en el Journal of Public Health Policy, revela una grave contradicción en la política ecuatoriana: mientras el país enfrenta crecientes desafíos por el aumento de temperaturas extremas debido al cambio climático, el nuevo Decreto Ejecutivo No. 255 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgado en mayo 2024, excluye deliberadamente a los trabajadores del sector informal de sus protecciones. Esta decisión legislativa deja en situación de vulnerabilidad extrema a más de la mitad de la fuerza laboral nacional, específicamente al 52.5% de trabajadores que operan en condiciones informales, según datos de encuestas nacionales analizados por los investigadores Antonio Gómez, Andrea Cevallos y Raúl Gutiérrez.
La magnitud del problema se intensifica al examinar sectores específicos donde la informalidad alcanza niveles alarmantes y la exposición a riesgos climáticos es máxima. En la agricultura y la construcción, más del 80% de los trabajadores carecen de protección formal, precisamente las actividades laborales más expuestas a temperaturas extremas, radiación solar directa y condiciones climáticas adversas que se están intensificando por el cambio climático. Estos trabajadores enfrentan una intersección peligrosa entre desigualdades sociales preexistentes y nuevos riesgos ambientales, creando lo que los autores denominan una “doble vulnerabilidad”: la exclusión sistemática de la protección social formal combinada con una exposición desproporcionada a los impactos del calentamiento global.
El estudio subraya que esta exclusión legislativa no es simplemente una omisión administrativa, sino que representa una forma de discriminación estructural que perpetúa las inequidades sociales existentes. Los investigadores argumentan que las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo deben trascender los enfoques tradicionales centrados únicamente en la formalización laboral para adoptar una perspectiva de justicia social más amplia. La propuesta incluye la integración obligatoria de medidas de resiliencia climática en la futura Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la expansión inmediata de la cobertura de seguridad social para incluir trabajadores informales, y el desarrollo de marcos normativos que reconozcan y protejan activamente a las poblaciones laborales más vulnerables frente a los crecientes desafíos del cambio climático.
Lee este artículo científico en el siguiente enlace: https://research.uees.edu.ec/es/publications/social-inequities-climate-change-and-informal-employment-in-ecuad
