Cultura de la Legalidad, una cuestión de interés social

Escribo este artículo no como abogada, sino como una ecuatoriana más cansada de observar y escuchar todos los días a través de los medios de comunicación sobre servidores públicos que se suman a esta extensa lista de funcionarios cuyas carreras se han visto acorraladas, pues la “metástasis” que se apoderó de ellas las dejó sin una vía de escape y llegó su momento de ser “purgados” por la justicia. Este es un problema cultural con evidentes implicaciones sociales que, en consecuencia, debería ser de interés y preocupación de todos. Frente a un escenario complejo como este, la Cultura de la Legalidad surge como una herramienta necesaria. Desde el punto de vista etimológico, se podría asumir, de manera indebida, que la cultura de la “legalidad”, tiene como destinatarios exclusivos a profesionales del derecho o que se trata de un movimiento cuyo centro de atención es el cumplimiento de la “ley” en sentido formal. Pero no, la Cultura de la Legalidad trasciende la dimensión jurídica y va mucho más allá de la ley.

Llevo poco tiempo desde que me he sumado a esta iniciativa de promover esta buena práctica, pero me ha asombrado, y hasta me atrevería a decir que lo correcto sería señalar que me ha generado mucha preocupación, que en el medio esta idea de la Cultura de la Legalidad esta se haya percibido como una figura que solo los abogados debemos respetar y/o hacer cumplir. No, la Cultura de la Legalidad no se reduce a hacer que se respete el ordenamiento jurídico vigente, o a defender leyes u otras normas jurídicas que han propiciado desinstitucionalización en el país. La Cultura de la Legalidad va mucho más allá, engloba probidad y ética, busca fomentar prácticas y conductas íntegras y honestas en todas las esferas, tanto en el ámbito público como en el privado.

La nueva normalidad es vivir en un país donde cada año somos catalogados con un mayor índice de corrupción, en el cual la sociedad ha perdido la confianza en sus instituciones, y por qué no decir la esperanza. Pensamientos como “otro corrupto más” o “robó, pero al menos hizo” invaden los pensamientos de los ecuatorianos, quienes cada día dejan de creer que los buenos somos más, y con sustento suficiente, cuando estos actos de corrupción han escalado a tal nivel que actualmente vivimos en un país donde la narco-delincuencia ha alcanzado un poder preocupante.

Sí, no todo servidor público es corrupto, como toda regla tiene su excepción, mal haría en generalizar aquello; o decir que solo la corrupción ocurre en el ámbito público, y no en el privado. Estas ideas no son acertadas y repetirlas no generan ningún efecto positivo, más bien considero que es una cuestión de cambiar nuestra forma de pensar y de sumarnos a esta iniciativa.

Recuerdo cuando era estudiante de Derecho que dentro de mi malla curricular existía la materia de “relleno” Ética, y sí, así la denominábamos mis compañeros y yo cuando esta última nos complicaba mucho ajustar nuestros horarios con respecto a las materias de las diferentes ramas del Derecho. Por ese motivo, fue una materia que en cada semestre la desplazábamos para el siguiente. Nos interesaba cursar el resto de materias que “sí importaban” en nuestra preparación como abogados, preocupante, ¿verdad? Si, ese era el pensamiento de una estudiante de 18 – 19 años cuya vocación de estudiar dicha carrera era abogar por que las cosas se hagan bien, por alcanzar esa anhelada justicia, una justicia que aparentemente no necesitaba estar ligada a valores y principios éticos, o al menos ese parecía ser el caso al no darle la importancia a una materia que seguramente era tan o más importante que el resto que componía la malla curricular.

Sin embargo, más preocupante parece ser que no solo esa estudiante de entonces 19 años pensaba así, pues ya hace una década que el órgano rector de educación suprimió de las mallas curriculares a nivel primario y secundario las materias de Cívica y Ética, lo que me lleva a cuestionar ¿dejó de ser importante fomentar en nuestros estudiantes el amor por su país y las buenas prácticas sujetas a valores éticos? Los efectos de dicha supresión los podemos evidenciar ahora, diez años después. Afortunadamente, a partir del año lectivo 2024-2025 estás materias nuevamente deberán impartirse en los colegios y escuelas. Seguramente existirán quienes aún crean que esta medida es insignificante y que no suma absolutamente en nada en nuestro contexto actual, pero somos más quienes defendemos y aplaudimos esta decisión, porque sí, resulta imprescindible inculcar, recuperar el amor por el país; defenderlo, actuar bien, para no seguir permitiendo que individuos en sus diferentes roles en la sociedad, lo sigan destruyendo.

Desde mi perspectiva, el deber ser de la Cultura de la Legalidad es que opere como un mecanismo de prevención, más no como una herramienta de reacción; no obstante, en el actual contexto social ecuatoriano difícilmente podemos permitir que funcione exclusivamente como mecanismo de prevención, y es que vivimos en una sociedad en la cual la corrupción se encuentra propagada, y a niveles tan grandes que algunos de los representantes de los más altos órganos del Estado se encuentran inmersos en este tipo de casos. Pues bien, ante esta realidad, al menos permitamos que la Cultura de la Legalidad actúe como efecto y remedio de todos estos actos de corrupción, que le urge a la sociedad ecuatoriana para nuevamente creer en sus representantes e instituciones.

Ahora bien, hablemos de la consumación de esos “pequeños actos” que quizás se creen inofensivos, pero que no lo son y, aunque no parezca, tienen relación con la corrupción. Empecemos con el estudiante que plagia el trabajo de su compañero, o que no cita las referencias de su deber, o que hace uso de mecanismos de inteligencia artificial para realizar la tarea asignada; o, el ciudadano que cruza el semáforo en rojo, que parquea en un puesto para mujeres embarazadas o que realiza la fila preferencial del banco sin pertenecer a ninguna de las categorías señalizadas, y como dejar de lado ea ciudadano que acepta un cargo para el cual no se encuentra preparado. Evidentemente, en todos estos casos, no se está actuando en el marco de la Cultura de la Legalidad, y mal hacemos como sociedad al catalogarlos como actos cotidianos que no son más que eso, “pequeños actos” que no merecen ser calificados como lo que son, actos de corrupción.

Estos actos “indefensos” con los que creemos que no afectamos a terceros, que se han naturalizado en ciertos ecuatorianos bajo el calificativo de “viveza criolla”, deben empezar a ser condenados. Y es que no, no nos volvemos más interesantes, tampoco somos más inteligentes por saltarnos las reglas del juego y, sobre todo, los valores y principios éticos que regulan una sociedad.

Por ello, creo firmemente que, desde la academia, podemos crear este anhelado cambio, a través del fomento de buenas prácticas que son tan necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad, de una democracia real, donde los ciudadanos se sientan seguros y confiados en sus instituciones. Las aulas de clases son un espacio de enseñanzas, donde se afianzan los valores que vienen del hogar, donde debemos formar a quienes el día de mañana ejercerán un cargo público o  privado. Esta formación no puede prescindir de la ética, de los valores, debe fomentar la importancia de la probidad en el ejercicio de la profesión.  Es necesario iniciar ya, sin más retardos, promover y participar en esta Cultura de la Legalidad. Es una necesidad, es un interés de todos y para todos, para solo así retomar el rumbo ético necesario para una correcta y democrática convivencia social.