Es un título sugestivo, difícil de abordar, sin embargo, en este corto artículo nos esforzaremos, esperando no quedar en deuda con el lector.
Constantemente y más en las últimas semanas, hemos visto una necesidad ciudadana reflejada en redes sociales y medios de comunicación, evidenciando la falta de medicamentos en hospitales, de insumos en el Registro Civil, la carencia de obras y en general, la falta de servicios públicos adecuados.
Buscando una respuesta, consideramos ciertas alternativas: falta de recursos, ineficiencia en la gestión, procedimientos burocráticos y desconocimiento (tanto de las normas como de la administración pública); al final del día, resulta ser una sumatoria de todas y muchas otras.
Llevar a cabo un procedimiento de contratación pública en el Ecuador, es un deporte de alto riesgo, nace con una necesidad que no basta con que exista, hay que demostrarla (motivarla y fundamentarla técnicamente por medio de estudios), el siguiente paso es contar con los recursos y de manera previa, preparar un presupuesto referencial acorde al mercado que permita que el Estado compre al precio justo, los bienes, obras o servicios que requiere, y así, una vez que contemos con todas las autorizaciones, podamos preparar los pliegos (bases del concurso que no dejan de ser en promedio al menos 50 hojas).
Una vez que nace el procedimiento, el proveedor debe preparar su oferta (ya que el Estado por principio, no puede contratar con quién quiere, sino con quién debe), etapa a la que hay que dedicarle muchas horas para poder reunir todos los requisitos por parte de los interesados y cargarlos a la plataforma de compras públicas.
Las ofertas se califican; esta, es una tarea que puede entramparse por criterios técnicos, hasta disyuntivas por la poca claridad que pueden tener las disposiciones legales en el momento de aplicarlas; a esto, se suma la posibilidad de recibir reclamos por parte de ciudadanos, oferentes o entes de control.
Si hasta aquí el procedimiento se mantiene vivo, sorteando todos los obstáculos que existen en el camino, continúa la capacidad de decisión que tienen los funcionarios (discrecionalidad), respecto a convalidar o no errores, o incluso, respecto a escoger un ganador; siendo necesario que los funcionarios a cargo de esta tarea, se esfuercen (dentro de lo que la norma permita), para poder adjudicar evitando que, a la primera de cambio, se cancele o se declare desierto por simple desconocimiento o temores de sus funcionarios.
Si se llega a suscribir un contrato, tenemos un funcionario que debe velar por su cabal cumplimiento, mientras que, su contraparte debe cumplir los objetivos dentro de los plazos establecidos, para poder cobrar el precio pactado por los servicios, bienes u obras que vaya a proveer, intentando superar: sanciones, multas y amenazas de terminación anticipadas.
Como podemos apreciar, no es una tarea fácil hacer contratación pública en este país, sin embargo, es totalmente necesario, demandar funcionarios calificados, probos con vocación de servicio para poder cumplir con los planes de todo nivel de Gobierno y administrar de manera responsable el interés general; pero sobre todo, ¡cumplir con la ciudadanía!, con sus necesidades, sin olvidar a sus proveedores, sin los cuales, el Estado no podría cumplir con sus propósitos y a quienes deberíamos dedicar un espacio similar al que aquí hemos tenido.
Juan Francisco Díaz, MSc
Docente de la Maestría de Administración Pública – Modalidad Online
