La tuberculosis mata a más de un millón de personas al año en el mundo, manteniéndose como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa, pero existe un lugar donde esta amenaza se multiplica de forma exponencial; en las cárceles.
La Universidad Espíritu Santo (UEES) organizó la charla “Tuberculosis en las cárceles: un desafío para la salud pública”, en conjunto con representantes de la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad de Milagro, el área de Salud de la Alcaldía de Guayaquil, SNAI, Asamblea Nacional y expertos multidisciplinarios. El encuentro partió de una premisa clara: la tuberculosis en contextos penitenciarios no es solo un problema de las personas privadas de la libertad, sino una problemática comunitaria que se expande en silencio y afecta a toda la sociedad.
Durante la jornada, Mayling Encalada, especialista en neumología, fue enfática al señalar que “cumplir con la meta del fin de la tuberculosis no es solo una gestión sanitaria; es una decisión política y social”, subrayando que las brechas actuales no pueden resolverse únicamente desde el sector salud.
En Ecuador, la situación es alarmante. La incidencia de tuberculosis aumentó un 48 % entre 2015 y 2023, con Guayas liderando la crisis al registrar 116 casos por cada 100.000 habitantes. Solo en la Zona 8 de Guayaquil se concentran cerca de 700 de las 1.131 personas privadas de libertad que actualmente reciben tratamiento, en centros penitenciarios donde el 97 % presenta hacinamiento severo y condiciones de alto riesgo sanitario.
Héctor Hugo, especialista en planificación territorial, explicó que el problema trasciende los muros carcelarios: “la tuberculosis penitenciaria no es únicamente un problema carcelario, es un problema territorial, dinámico e interinstitucional”. Cada día ingresan alrededor de 33 personas a los centros penitenciarios de Guayas y el 30 % de las personas privadas de libertad reingresa al menos dos veces, manteniendo un flujo constante de contagio. A esto se suman 8.556 familias directamente expuestas (siete de cada diez PPL son padres o madres) y entre 1.200 y 1.500 visitantes diarios, sin contar al personal penitenciario.
Ante este escenario, los especialistas coincidieron en la necesidad de un cambio profundo de enfoque. Propusieron dejar atrás el modelo tradicional de control de infecciones y avanzar hacia una estrategia de salud ocupacional, que incorpore herramientas como PCR portátiles, radiografías móviles e inteligencia artificial para detectar casos de forma temprana y cortar las cadenas de transmisión.
Washington Alemán, especialista en infectología, lo resumió con claridad: “la tuberculosis en cárceles se propaga a la comunidad, por lo que proteger la salud penitenciaria mediante diagnóstico temprano y tecnología, incluida la inteligencia artificial, es clave para cortar la transmisión y proteger a la sociedad”.
Además, se planteó la creación de un comité multidisciplinario e interinstitucional que integre salud, justicia, gobierno y academia, capaz de diseñar estrategias específicas para cada centro penitenciario. El mensaje final fue unánime: intervenir en las cárceles no es un acto aislado ni sectorial, es una medida urgente de protección comunitaria. Porque cuando se controla la tuberculosis dentro de los centros de privación de libertad, también se cuida la salud de barrios, familias y ciudades enteras.
