![\"\"](\"https:\/\/www.uees.edu.ec\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/WhatsApp-Image-2022-01-24-at-13.49.24.jpeg\")
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En el Cap\u00edtulo VII (Arts. 102-106) del C\u00f3digo Org\u00e1nico General de Procesos, se encuentra regulado el tr\u00e1mite a seguir en el caso de homologaci\u00f3n de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediaci\u00f3n expedidos en el extranjero.
\nPara tal efecto, la normativa procesal determina que la competencia en cuanto al conocimiento y validaci\u00f3n de lo resuelto en territorio extranjero corresponder\u00e1 a la Sala Especializada de la Corte Provincial del domicilio de la o el requerido. En lo atinente a la ejecuci\u00f3n del fallo, esto es, a posteriori del reconocimiento de la sentencia extranjera, corresponder\u00e1 al juez de primer nivel, cuya competencia se radicar\u00e1 en funci\u00f3n del domicilio del demandado.<\/p>\n
En este contexto, adquiere notable relevancia el contenido del art\u00edculo 104 del COGEP, debido a que se encuentran enumerados los requisitos indispensables para que el documento expedido en el extranjero tenga notoriedad en el \u00e1mbito ecuatoriano.<\/p>\n
Siendo as\u00ed, a prima facie se encuentra que el documento debe reunir todas las formalidades que acrediten haber sido emitido en el pa\u00eds de origen; adem\u00e1s, dicho en nuestros t\u00e9rminos, la sentencia, laudo arbitral o acta de mediaci\u00f3n extranjera debe encontrarse ejecutoriada, es decir, no debe existir pendiente recurso alguno que pueda alterar lo resuelto, para esto se exige que se certifique que la sentencia tiene el efecto de cosa juzgada.
\nEs de acotar que la comprensibilidad del texto en nuestro propio idioma es imprescindible, por lo que se debe contar con una traducci\u00f3n certificada en caso de que se trate de un idioma distinto al nuestro.<\/p>\n
Finalmente, se debe acreditar que la parte accionada o demandada fue legalmente citada al proceso generador de la sentencia, y que pudo ejercer su derecho a la defensa y de contradicci\u00f3n, esto en aras de precautelar el derecho al debido proceso y las garant\u00edas b\u00e1sicas que lo componen, debiendo puntualizarse que el reconocimiento de una sentencia extranjera no restringe la obligatoriedad de velar, dentro de nuestro sistema judicial, de que se cumpla con los postulados constitucionales.<\/p>\n
Am\u00e9n de este breve prefacio, cabe insistir en que la homologaci\u00f3n es un procedimiento jur\u00eddico internacional de reconocimiento de sentencias extranjeras, siempre que hayan sido dictadas por autoridades judiciales competentes del Estado requirente para garantizar la seguridad jur\u00eddica o cosa juzgada. La homologaci\u00f3n o el exequ\u00e1tur, puede ser solicitado por la o las personas en cuyo favor se dict\u00f3 dicha sentencia y quieren que se cumpla la misma, para lo cual los administradores de justicia deben garantizar y precautelar bajo el Principio de Regularidad Internacional de los fallos, que exista compatibilidad entre la sentencia y la legislaci\u00f3n ecuatoriana, es decir, que no sea contraria a la Constituci\u00f3n y las leyes al tenor del Art. 417 de la Constituci\u00f3n, del Art. 2 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de 1979, ratificado por el Ecuador, y del Art. 423 del C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado S\u00e1nchez de Bustamante.
\nSobre el derecho a la identidad.<\/p>\n
En el contexto del derecho de Familia, la Sala Especializada de Familia, Ni\u00f1ez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas avoc\u00f3 conocimiento del proceso signado con el No. 09141-021-00011, petici\u00f3n por dem\u00e1s sui g\u00e9neris, esto debido a que se trat\u00f3 de una petici\u00f3n de reconocimiento de sentencia extranjera en que se resolvi\u00f3 sobre una petici\u00f3n de adopci\u00f3n.
\nLo particular del caso es que el adoptado a la fecha de solicitud de la homologaci\u00f3n ten\u00eda veintitr\u00e9s (23) a\u00f1os de edad, realidad que acorde con lo prescrito en el art\u00edculo 157 del C\u00f3digo de la Ni\u00f1ez y Adolescencia tornaba en improcedente dicha homologaci\u00f3n, esto debido a que el inciso final del art\u00edculo en menci\u00f3n proh\u00edbe taxativamente la adopci\u00f3n de personas mayores de veinti\u00fan (21) a\u00f1os.<\/p>\n
En concordancia, el Art. 46 de la Ley Org\u00e1nica de Gesti\u00f3n de la Identidad y Datos Civiles, en lo pertinente, dispone: No obstante las limitaciones legales expuestas en el p\u00e1rrafo anterior, el an\u00e1lisis del tribunal ponder\u00f3 el derecho a la identidad del solicitante, haci\u00e9ndose eco del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sentencia del 24 de febrero de 2010, en el caso Gelman vs Uruguay, respecto al derecho a la identidad, determin\u00f3 que:<\/p>\n \u00ab(…) puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y caracter\u00edsticas que permiten la individualizaci\u00f3n de la persona en sociedad, y en tal sentido comprende varios otros derechos seg\u00fan el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso.\u00bb; en el mismo sentido, la misma Corte ha expresado que: \u201csi bien la identidad entra\u00f1a una importancia especial durante la ni\u00f1ez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, pues se encuentra en constante desarrollo y el inter\u00e9s de las personas en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los a\u00f1os\u201d.<\/em><\/p>\n Aunado a lo expuesto, en el fallo ut supra, se recoge el criterio emitido por la Corte Nacional de Justicia en sentencia No. 09141-2018-00102, que en lo pertinente reza:<\/p>\n \u201c[\u2026] el marco jur\u00eddico interno que provee nuestra Constituci\u00f3n, garantiza a todas las personas sin l\u00edmite de edad el derecho a la identidad personal y colectiva, y dem\u00e1s derechos afines a los que nos hemos referido en el considerando anterior. En esta normativa, se remarca la importancia de este derecho como atributo de la personalidad jur\u00eddica de un individuo, es decir tener un nombre y apellido, conocer su procedencia familiar; la posibilidad de obtener a trav\u00e9s de los medios legales el emplazamiento en una familia distinta a la biol\u00f3gica; as\u00ed como la necesidad de conservar, desarrollar y fortalecer las caracter\u00edsticas materiales e inmateriales que confluyen en este derecho, y el deber del Estado de procurar su ejercicio pleno, atendiendo a los principios de aplicaci\u00f3n, cuya prevalencia ha de ser evaluada o sopesada, en contraste con las limitaciones o restricciones que se pueden oponer frente a su ejercicio.\u201d<\/em><\/p>\n A modo de conclusi\u00f3n, se advierte que el an\u00e1lisis en torno a la homologaci\u00f3n de sentencia extranjera dentro de un caso de adopci\u00f3n trascendi\u00f3 al \u00e1mbito constitucional, entendi\u00e9ndose que el derecho a la identidad, como otros tantos derechos de rango constitucional, implica la prevalencia de aquellos principios constitucionales, denominados tambi\u00e9n normas t\u00e9ticas, entre ellos el principio de aplicaci\u00f3n directa e inmediata de la Constituci\u00f3n y de supremac\u00eda constitucional; adem\u00e1s, del principio \u201cpro homine\u201d recogido en el Art. 11 numeral 5 de la Constituci\u00f3n, el mismo que prev\u00e9: \u201cEn materia de derechos y garant\u00edas constitucionales, las servidoras y servidores p\u00fablicos, administrativos o judiciales, deber\u00e1n aplicar la norma y la interpretaci\u00f3n que m\u00e1s favorezcan su efectiva vigencia.\u201d<\/p>\n Ab. Lenin Zeballos Mart\u00ednez<\/strong> En el Cap\u00edtulo VII (Arts. 102-106) del C\u00f3digo Org\u00e1nico General de Procesos, se encuentra regulado el tr\u00e1mite a seguir en el caso de homologaci\u00f3n de sentencias, laudos arbitrales y actas de mediaci\u00f3n expedidos en el extranjero. Para tal efecto, la normativa procesal determina que la competencia en cuanto al conocimiento y validaci\u00f3n de lo resuelto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15163,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[394,75],"tags":[90,456],"class_list":["post-15162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho","category-noticias","tag-derecho","tag-sentencia"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\n\u201cPara la inscripci\u00f3n y registro de una adopci\u00f3n realizada en el exterior por personas ecuatorianas o residentes permanentes en el Ecuador, se requerir\u00e1 la sentencia homologada de la adopci\u00f3n o la resoluci\u00f3n del acto administrativo cuando corresponda conforme a las leyes del pa\u00eds en el que se realiz\u00f3 la adopci\u00f3n siempre que no contravenga a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n ecuatoriana.\u201d<\/em><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.uees.edu.ec\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/WhatsApp-Image-2022-01-24-at-11.52.26.jpeg\")
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